¿Debe el gobierno rescatar empresas privadas?

El anuncio del presidente López Obrador, sobre las medidas que tomará su gobierno para contrarrestar los efectos de la epidemia del coronavirus en la economía mexicana, ha generado una respuesta unánime de la mayoría de los sectores que integran la economía mexicana, sobretodo por la falta de medidas para apoyar a las empresas que se están viendo obligadas a cerrar, al mismo tiempo que conservan sus obligaciones de pagar los salarios íntegros de sus trabajadores y otros gastos corrientes como; rentas, hipotecas, créditos de proveedores etc.

El argumento dado por el presidente ya lo conocíamos desde antes, mucho antes, la época del neoliberalismo ya se acabó, y es el momento de un gobierno más social que apoye a la población más necesitada del país. 

Desde el punto de vista del presidente y de la mayoría de sus simpatizantes el rescate de empresas solo les recuerda una palabra FOBAPROA, el rescate bancario realizado en 1995 para evitar que la quiebra de los bancos intensificará aún más la crisis de ese momento, pero dicho rescate fue aprovechado por los directivos de los bancos de ese momento para enriquecerse con parte de los recursos públicos que se destinaron al rescate de los bancos, mientras que millones de ciudadanos perdieron sus viviendas, se quedaban sin trabajo o simplemente veían como su poder adquisitivo se desplomaba.

Pero un rescate a empresas privadas no necesariamente debe ser otro FOBAPROA, cuyo fantasma nos persigue hasta nuestros días, por ello ante la pregunta ¿debe el estado rescatar empresas privadas? la respuesta debe ser ¿cuáles empresas? y ¿como?

¿Cuales empresas deben ser rescatadas?

En el único punto en que el presidente y sus muchos seguidores tienen razón, es en que no se deben de rescatar a las grandes empresas del país, pues estas tienen accesos a líneas de créditos preferenciales, acceso al mercado de valores entre otros instrumentos financieros, así como conexiones directas con bancos y los tres niveles de gobierno, lo que les permitirán sobrellevar el periodo de la pandemia

Pero el 99% de las empresas del país son pequeñas y medianas empresas, las cuales generan el 78% de los empleos totales del país, en pocas palabras 3 de cada 4 trabajadores mexicanos laboran en una PyME, y a diferencia de las grandes empresas y del gobierno, estas empresas subsisten con sus ingresos de corto plazo y la mayoría de estas simplemente no pueden sobrevivir a unas cuantas semanas sin ventas. 

A diferencia de la idea que tanto el presidente tienen de los empresarios como grandes magnates, la gran mayoría de propietarios de PyMES su nivel de ingresos los coloca en la clase media, y en su mayoría la totalidad de sus ahorros está invertido en sus empresas, por lo que si estas quiebran la mayor parte de su capital se destruye, y a diferencia de las grandes empresas no cuentan con acceso a líneas de crédito o instrumentos financieros accesibles que les permitan subsistir a la pandemia.

Por desgracia, a pesar de la insistencia del presidente López Obrador y de su gabinete, la realidad se terminará imponiendo y conforme se vaya prolongando la crisis económica generada por el coronavirus, el gobierno mexicano tendrá que hacer algo, pues no tendremos que esperar meses, sino unas cuantas semanas para ver como comienzan a quebrar pequeñas y medianas empresas o a despedir parte de su personal para sobrevivir, lo que se verá reflejado en un repunte en el desempleo, pues 3 de cada 4 empleos del país están en riesgo.

¿Cómo debe hacerse el rescate?

Tal como el presidente lo indica, por ningún motivo, se debe aplicar otro FOBAPROA, en este caso solo se deben apoyar pequeñas y medianas empresas que paguen impuestos, y el apoyo no debe ser un fondo perdido, debe ser un préstamo con cero intereses o el menor interés posible.

Las expresas a apoyar deben estar registradas en el SAT para de esta manera poder fijar límites por ejemplo en límite de facturación o número de empleados, datos con los que el gobierno ya cuenta. Y el apoyo debe ser un préstamo para que este recurso sea recuperado por el gobierno federal y este pueda destinarlo a las otras prioridades que tenía antes de la pandemia.

Por desgracia la mayoría de las empresas de la estadística mencionada pertenecen a la economía informal, por no estar registrados en el SAT o a la seguridad social, se desconoce cuántos son y dónde están, y el perfil de esta parte de la población es más compatibles con los programas sociales que ya existen o que fueron anunciados por el presidente el pasado domingo.

Esperemos que para cuando se haga algo, para proteger a las pequeñas y medianas empresas de quiebras masivas no sea demasiado tarde, si es que ese momento llega, ya que como lo hemos visto en este gobierno la ideología suele estar por encima de todo incluso la realidad