Cuáles son los problemas del pacto fiscal federal de México

Como consecuencia tanto de la manera en que el gobierno federal está atacando la pandemia del coronavirus, y de la manera como ha decidido responder a la crisis económica causada por la cuarentena generalizada, no han faltado las voces locales que justificadamente se están quejando, debido a que literalmente han sido dejados a su suerte por parte del gobierno federal tanto en el combate directo de la pandemia, como con aspectos técnicos, como delimitar cuales son las empresas esenciales, o las reglas para controlar la movilidad dentro de las ciudades y entre estas, para que de esta manera los estados puedan tomar medidas y no depender de la interpretación de cada gobierno.

A las quejas de los gobernadores, se suman las voces, también justificadas que dicen que este no es el momento de modificar el pacto fiscal de México, pero si algo ha expuesto la pandemia, después de la evidente debilidad del sistema de salud, es la dependencia de los estados a la federación, producto de años de políticas fiscales centralistas.

Por lo que para tema de esta publicación señalaré los principales problemas del pacto fiscal federal de México, por los cuales debe modificarse dicho sistema.

Dependencia excesiva de los Estados a las participaciones federales

Como lo mencione en un artículo anterior donde analice la ley y el sistema de coordinación fiscal de México, la cual delimita cómo se realiza la recaudación de impuestos en el país. Más del 80% de los ingresos de los estados proviene de las participaciones federales entregadas por el gobierno federal a cada uno de los estados, esto como consecuencia del acuerdo de coordinación fiscal de 1980 en el cual los estados cedieron sus derechos de cobrar impuestos a la federación, y se quedaron con la facultad de cobrar solo impuesto sobre nómina y derechos o permisos entre ellos permisos de circulación de vehículos una de sus principales fuentes de ingreso.

Como consecuencia de esto, la federación tiene un gran poder sobre los gobernadores de cada uno de los estados, debido a que es quien distribuye los recursos de los cuales dependen los gobiernos locales para operar, si bien existen reglas claras que delimitan cómo se determina la distribución de las participaciones a cada uno de los estados, lo cual disminuye la discrecionalidad en este tema. El gobierno federal sí tiene la facultad de etiquetar en que se gastara la mayoría de la participación de los estados, así como puede retrasar la entrega de los recursos a los estados, como lo ha venido haciendo de forma generalizada desde 2015, nótese que este periodo incluye dos gobiernos de partidos diferentes.

El gobierno federal tiene la capacidad de dictar políticas locales, a través de la asignación del presupuesto.

Una de las principales razones por las que existe el federalismo, es permitir una mejor administración a nivel local, principalmente en un país con la extensión territorial y diversidad cultural de México, no es necesario hacer un gran análisis para darnos cuenta que a pesar de formar parte del mismo país, la realidad que se vive en el norte es muy diferente de la del centro o sur, y viceversa. Por este motivo es indispensable que los estados que por cierto son soberanos, tengan la posibilidad de delimitar políticas locales, tanto administrativas, como necesidades presupuestales específicas

Como consecuencia de la manera en que se asigna el presupuesto federal y las participaciones a los estados son administradas por la secretaría de hacienda federal, los estados quedan con un muy reducido margen de acción, para ejecutar sus políticas locales y para destinar recursos a servicios públicos y servicios a la población, ya que como bien se dicen si no está incluido en el presupuesto es mera intención.

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Esto se debe a que la mayor parte de las participaciones estatales vienen etiquetadas por el gobierno federal, y sus reglas de operación son determinadas por el gobierno federal, como una manera de fiscalizar esta parte del gasto público, por lo que los estados no tienen la capacidad de ajustar partes importantes de su operación gubernamental, como salud educación y seguridad según las necesidades específicas de su población.

Una fiscalización y control ineficiente del gasto público y la deuda de los estados.

Como ya lo mencione anteriormente los estados de la república mexicana son libres y soberanos, por lo que la fiscalización del gasto público de sus recursos, se limita al etiquetado de las participaciones federales con reglas de operación dictadas por el gobierno federal, pero de ahí en fuera la verdadera fiscalización del gasto recae en las fiscalías de cada uno de los estados, las cuales están casi totalmente influenciadas por los gobernadores, por lo que en realidad los gobernadores se auditan a sí mismos en cómo gastan los recursos de sus estados, no es de sorprendernos por qué tantos gobernadores han sido procesados por malversación de fondos o han sido por lo menos señalados por malos manejos y desvío de recursos.

Además de la manera en que los estados gastan sus recursos, la deuda de cada estado es un problema en sí mismo, la deuda de las Entidades Federativas y los municipios se regula conforme a lo establecido en el artículo 117 de la constitución, donde se define que los gobiernos estatales y municipales podrán contratar deudas en pesos mexicanos con personas físicas y morales nacionales y con la única finalidad de destinarla a la inversión productiva, pero en la constitución no se define el concepto de “inversión productiva”, por lo que cada estado, define a su manera y sobre todo a su conveniencia este concepto, lo cual explica como la mayoría de los estados han destinado deuda pública para financiar gastos corrientes.

Además, la Ley de Coordinación Fiscal no limita el endeudamiento de los estados, dejando esta facultad a los congresos estatales, los cuales en la mayoría de los casos son controlados por los gobernadores, lo que explica como en las últimas décadas se ha incrementado considerablemente el nivel de endeudamiento de los estados.

Por este motivo es necesario un sistema nacional que permita fiscalizar todos los recursos públicos que se gastan en el país, independientemente de quien los ejerce, ya sea el gobierno federal, los estados, municipios, organismos autónomos, empresas paraestatales y cualquiera que gaste dinero público, así como delimitar su capacidad de endeudamiento. Con fiscalizar los recursos públicos no solo me refiero a evitar que se desvíen recursos públicos, sino también a evitar la discrecionalidad en su gasto, mediante la creación de reglas que obliguen a que se justifique por qué se destina a cada concepto el presupuesto y la viabilidad tanto económica como social de cada obra pública a construir.

De igual manera como existe un sistema de coordinación fiscal y un pacto fiscal, este se puede modificar o crear uno nuevo, que tenga como principal objetivo, el correcto uso de los recursos públicos, y como segundo objetivo el proporcionarles más libertad a los estados en el gasto y ejecución de sus presupuestos, siempre y cuando estos se gasten correctamente.

Se han creado toda clase de impuestos o permisos estatales, con la intención de incrementar la recaudación.

Cuántas veces hemos escuchado que cuando un gobernador necesita dinero para obras públicas o lo que fuera, se cambia el diseño de las láminas o placas automotrices, obligando a la población a pagar un re emplacamiento. este es solo un ejemplo de las tácticas a las que recurren los gobiernos estatales para incrementar sus ingresos.

Además la limitada facultad de tributación que tienen los gobiernos estatales, es la explicación, del porqué en México, los permisos y licencias estatales y municipales son tan caros, La gran mayoría de estas licencias y permisos son la herencia de un México de mediados del siglo XX, que contaba con una economía semicerrada, en la cual el gobierno limitaba y establecía barreras de entrada a la actividad económica privada en casi todos los sectores de la economía, esta situación comenzó a cambiar a mediados de la década de los 80 y terminó en los 90, pero muchos permisos y licencias estatales y municipales se conservaron como un simple instrumento recaudatorio.

Los gobiernos estatales perdieron el incentivo de recaudar impuestos locales.

En 1980, los estados le cedieron a la federación la facultad de recaudar la mayoría de los impuestos, dejando literalmente a los estados solo con la facultad de recaudar el impuesto sobre nómina (el cual por cierto desincentiva la creación de empleos y se debe encontrar la manera de eliminarlo), por lo cual con el paso de los años las oficinas de recaudación de los estados se han limitado a cobrar licencias y permisos. 

Así como se debe crear un nuevo sistema se fiscalización nacional, existe la necesidad de incrementar los ingresos de los estados y reducir su dependencia de la federación, para esto, se puede aprovechar esta necesidad, para delegarle a los estados la facultad de fiscalizar al comercio informal mediante impuestos locales, los cuales se deberían crear e implementar en base a lineamientos y objetivos específicos diseñados en consenso entre la federación y los estados para evitar una doble tributación, o que dicho impuestos afecte a la economía nacional, pero una vez cumpliendo con esto, los estados deben tener la libertad de ajustar dicho impuesto a las características locales del comercio informal.

No reduce la desigualdad, entre las diferentes regiones del país

En teoría, el principal objetivo del actual sistema de coordinación fiscal, y que la federación concentre en un fondo, las participaciones que le entrega a cada estado, es el de reducir la desigualdad económica y social que existe entre las principales regiones del país, pero 30 años después de que se creó el actual sistema, seguimos teniendo los mismos problemas de desigualdad, por lo que todos los problemas que enumere en este post anteriormente, se han creado o exacerbado en vano.

Por lo tanto, se debe cambiar la manera en que se le asignan las participaciones federales a cada estado, en una manera más justa en base a cuánto aporta cada estado a la tributación federal, para de esta manera incentivar la recaudación de impuestos, Pero también se debe modificar la capacidad del gobierno federal para intervenir en la implementación de temas esenciales para el desarrollo socioeconómico de nuestra población como; seguridad, salud y educación.

En otras palabras, el gobierno federal debe tener la facultad de intervenir en temas específicos a nivel local, cuando el gobierno estatal sea incapaz de atenderlos. El ejemplo perfecto de esto es la seguridad, la principal razón por la que no se ha podido resolver la ola de violencia que afecta al país, es porque la mayoría de los delitos son de orden estatal, por lo que por más que haga el gobierno federal, si los gobiernos estatales no atacan el problema de forma eficiente el problema no se resolverá, ya vimos cómo durante dos sexenios el gobierno federal intentó implementar el nuevo sistema de justicia penal, el cual hoy no es eficiente porque se falló en la implementación a nivel local en la mayoría de los estados.

En conclusión, si bien este no es el momento para cambiar el pacto fiscal federal, una vez que pase la pandemia, se debe buscar un nuevo consenso entre la federación y los estados para cambiar las reglas del juego, con tres objetivos en mente, incrementar los recursos de los estados e incrementar su libertad de implementar políticas locales, se fiscalizar cada centavo de recursos públicos que se gasten en el país independientemente de quien lo haga, mediante un regulador nacional independiente del ejecutivo federal y de los estados, y se debe reducir la desigualdad entre las diferentes regiones del país, pero de una forma justa para todos los que pagamos impuestos independientemente de la región del país en que vivamos.